LA UE DECIDIDA A ACABAR CON LAS OPERACIONES ESPECULATIVAS

La UE dio ayer un paso de gigante en su estrategia de someter a una estricta regulación los fondos de inversión alternativa, que incluye tanto los hedge funds (fondos especulativos) o los private equity (fondos de capital riesgo).

En el contexto de estas medidas el regulador financiero aleman (BaFin) anunció la prohibición que entró en vigor ayer de las llamadas ventas en corto al descubierto y operaciones similares. Se trata de ventas en las que un fondo pide prestadas acciones o bonos para venderlas con el propósito de luego recomprarlas más baratas y devolverlas. Sin embargo, muchos fondos lo hacen en descubierto, es decir, vendiendo acciones que no tienen (ni siquiera prestadas) y con volúmenes tales que tumban los mercados, intentando cerrar luego las posiciones a precios más baratos.

Estas operaciones han proliferado en los últimos años marcadas por un contexto especulativo.El BaFin también prohíbe hasta el 31 de marzo de 2011 operaciones en descubierto con seguros sobre impago de deuda (SWAPS o CDS) de bonos de países de la zona euro. El mercado de CDS ha sido usado por los fondos de alto riesgo para especular contra la deuda de países como Grecia, España o Portugal.

Alemania prohibirá esas operaciones sobre las acciones de 10 bancos y aseguradoras hasta el 31 de marzo de 2011.

Se ha criticado a esa figura porque se compra un seguro sobre algo que no hace falta tener, creando incentivos perversos. Es como si a una persona le hacen comprar un seguro obligatorio sobre el coche de un tercero con el que no guarda relación. Además, y lo que resulta quizás más sangrante: no se exige a quienes venden esos seguros que tengan reservas para afrontar un posible impago (esto es lo que ocurrió con la virtual quiebra de AIG por la caída de Lehman). En medio de la especulación, ese mercado ha llegado a dar más probabilidad de impago a España que a países con nota de bono basura como Indonesia.

El regulador alemán justificó su decisión asegurando que tales operaciones han provocado una volatilidad excepcional en los mercados que puede poner en peligro la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

El anuncio de la medida provocó ayer inicialmente una fuerte caída del euro y de las Bolsas estadounidenses. Algunos creen, sin embargo, que si los fondos se ven obligados a cerrar sus posiciones bajistas en descubierto, eso puede impulsar a corto plazo al alza a los mercados.

Por lo que se refiere a los fondos alternativos, el ECOFIN  justificó la elaboración de una nueva directiva con base en el hecho de que estas actividades pueden servir para extender o amplificar los riesgos del sistema financiero. Para entender la magnitud de las operaciones realizadas a través de estos fondos debemos señalar que su montante asciende a dos billones de euros.

Esta campaña dirigida a perseguir las operaciones especuladoras responde a los compromisos del G-20 y los acuerdos del Consejo Europeo que en su día se fijó como objetivo regular los actores del mercado que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera.

Estos fondos estaban regulados hasta ahora de manera muy laxa por la normativa de cada uno de los estados miembros así como por normas europeas. La iniciativa europea ha chocado frontalmente con la resistencia de Reino Unido (donde se fraguan el 80% de estas operaciones). Tal es así que Gordon Brown logró paralizar el proceso legislativo europeo durante tres meses para que no le perjudicara en su campaña electoral. Asimismo Estados Unidos ha manifestado sus reticencias a través de Timothy Geithner, Secretario del Tesoro, quien  llegó a calificar de proteccionistas las medidas que preparaba la UE.

Las protestas de Reino Unido han causado su efecto ya que desde El Consejo Europeo se ha manifestado que en las negociaciones de las próximas semanas procurarán tener en cuenta "las preocupaciones expresadas por Estados miembros", en clara alusión a los británicos. Sobre la base de una propuesta de la Comisión, el ECOFIN aprobó ayer las líneas maestras de la futura directiva que regulará esta materia.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, ha dado luz verde a otra versión de la directiva. La posición definitiva del Parlamento se decidirá en julio. A partir de ahora representantes del Consejo (estados miembros) el Parlamento y la Comisión Europea intentarán un acuerdo.

Todos coinciden en la necesidad de reforzar la transparencia. Desde El Consejo se manifiesta la necesidad convertida en obligación de que los gestores demuestren a la autoridad competente que disponen de mecanismos internos sólidos en lo que se refiere a la gestión de riesgos, en particular los de liquidez.

Asimismo y para permitir una constante vigilancia los gestores deberán comunicar regularmente informaciones relativas a los mercados en los que actúan, los principales instrumentos que negocian y las principales exposiciones y concentraciones de riesgo.

Con todo ello se pretende asegurar la transparencia y una mejor protección de los inversores, que contarán con mayor información a la hora de realizar sus operaciones.

Para ello la regulación propuesta por el Parlamento obliga a los gestores de los fondos a informar sobre los máximos niveles de endeudamiento y el apalancamiento total empleado. Igualmente se les pedirá información sobre el domicilio real de los fondos en el caso de los llamados los fondos de fondos.

La cuestión más polémica es la que regula el posible acceso de los fondos extranjeros a cualquiera de los Estados miembros. El Consejo propone que los gestores que no están establecidos en la UE podrían ser habilitados para comercializar sus productos en un Estado miembro a condición de que pusieran a disposición de los inversores y de las autoridades competentes información suficiente.

Por su parte la Eurocámara propone una especie de "pasaporte", que les permitiría actuar en el conjunto de la Unión, una vez hubiera logrado autorización en un Estado miembro. Así los fondos de fuera de la Unión, podrían ser autorizados a comercializar sus productos en la UE, si el país en el que se pretendan realizar las operaciones tiene un nivel de estándares suficientemente altos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y concede acceso recíproco a los fondos que operan en la UE.